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  • br Situaci n actual de la seguridad social El sistema

    2018-11-15


    1. Situación actual de la seguridad social El sistema de seguridad social actual en México presenta anomalías importantes relacionadas con la fragmentación, desarticulación y deficiencias en la coordinación institucional, la duplicidad de programas públicos y de beneficiarios, la pérdida en el aprovechamiento de economías de escala como resultado de la desintegración del sistema, la cobertura condicionada por el estatus laboral y la persistencia de grupos de población sin acceso, las dificultades para afianzar la sustentabilidad financiera del sistema (en particular los sistemas de pensiones), la dispersión e ineficiencia en la asignación y administración de los recursos financieros, materiales y humanos, y las diferencias en las prestaciones sociales y en la calidad de los servicios de los distintos esquemas que propician regresividad en el sistema y desigualdad económica y social del país (, ; oit, 2015; ). A pesar de los esfuerzos gubernamentales de las últimas décadas, los usuarios del sistema tienen una baja valoración de los beneficios que obtienen (Levy, 2008; Lomelí, 2015) y el acceso harmine la seguridad social representa una de las mayores carencias sociales del país. Asimismo, la cobertura del sistema de pensiones es baja y varios esquemas siguen presentando problemas de viabilidad financiera (Villagómez, 2015). Gran parte de los trabajadores no ahorra lo suficiente para su retiro, debido especialmente al bajo nivel de sus remuneraciones, lo que se traduce en cotizaciones y tasas de reemplazo bajas. Además, el sistema se enfrenta el reto impuesto por el cambio demográfico, que implica el riesgo de un incremento en la población de edad avanzada en situación de pobreza. Los datos demográficos actuales permiten proyectar un crecimiento sostenido de la tasa de dependencia en el futuro (Lomelí, 2015). Ante estas circunstancias, algunos especialistas advierten el fracaso del sistema de seguridad social vigente (Scott, 2005) o que, en sentido estricto, México carece de un sistema de seguridad social por la falta de una cobertura universal y de prestaciones sociales integrales (). De acuerdo con la teoría económica (Sen, 1999; Stiglitz, 2003; Tanzi, 2011; Vrooman, 2009), la seguridad social es una responsabilidad que debe asumir el Estado, pues los fallos de mercado dificultan el aseguramiento de la población contra los riesgos sociales. Desde la construcción del Estado de Bienestar en el siglo xx en México, la seguridad social ha sido una de las estrategias institucionales más importantes para enfrentarlas anomalías de los mercados y las afectaciones económicas. En ese sentido, la protección al ingreso es una función esencial de la seguridad social que permite al Estado reemplazar parte de los ingresos perdidos como consecuencia de la jubilación, invalidez, desempleo, etc., y con ello reducir los niveles de desigualdad y pobreza. Asimismo, la seguridad social se encuentra considerada como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (onu, 1948) que nuestro país ha suscrito. Dicho documento establece en su artículo 22 que: En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) se reconocen explícitamente algunos derechos sociales, como el de la protección de la salud, a vaccination recibir educación, a disfrutar de vivienda digna y decorosa, al trabajo digno y socialmente útil, entre otros (artículos 3o, 4o y 123). No obstante las referencias explícitas en la cpeum,no se incluye a la seguridad social como un derecho social en sentido universal sino únicamente como un derecho de los trabajadores asalariados y sus familias. Aunque la inscripción de los trabajadores a las instituciones de seguridad social es una obligación para los empleadores, no todos los sujetos obligados cumplen con la disposición, o se realizan prácticas deliberadas de evasión o interrupción en el registro, en especial en el imss, lo que da pie al surgimiento de trabajadores asalariados informales. Levy (2008) advierte que muchas empresas llevan a cabo prácticas ilegales (como registrar sólo a una parte de sus trabajadores en el sistema de seguridad social, rotar temporalmente el registro de los trabajadores y registrarlos con salarios menores), como parte de sus estrategias de evasión para ahorrar costos y así mejorar su competitividad. Estas prácticas son una respuesta “racional”, según Levy (2008), a un sistema de incentivos configurado por la legislación fiscal y de seguridad social y por las políticas de protección social. Quizá, más bien, las empresas aprovechan las deficiencias del sistema institucional, la impunidad y los bajos costos derivados del incumplimiento de la normatividad, y estas prácticas, en realidad, encubren una falsa rentabilidad y competitividad de las empresas, cuyos proyectos de negocio no serían rentables ni sustentables en circunstancias de un estricto Estado de derecho.